Una comisión parlamentaria decidió ayer que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con lo que el trámite pasará ahora a su próxima fase, en el plenario de la Cámara de Diputados.
La decisión, que supone un nuevo paso hacia un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra, en una comisión formada por 65 diputados que analizó las acusaciones contra la mandataria durante once sesiones.
El anuncio del resultado fue recibido con una ovación por los diputados opositores, que agitaron banderas brasileñas, gritaron: "fuera Dilma" y entonaron el himno nacional en medio de un coro oficialista que los acusaba de "golpistas".
En las calles de Brasilia, la votación fue seguida por una explosión de fuegos artificiales en varias zonas de la ciudad, en un claro respaldo a la decisión.
En la que ha sido la última reunión de esta comisión especial, interrumpida constantemente por discusiones entre parlamentarios, el diputado instructor, Jovair Arantes, reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.
Según Arantes, las acusaciones contra Rousseff, fundamentadas en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015, "son de elevada gravedad".
Abogado dice que no va destitución
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, reiteró que el "delito de responsabilidad" no llegó a ser tipificado e insistió en que, si las hubiera, esas irregularidades no pasarían de ser meras "faltas" administrativas.
