La Abogacía General de la Unión de Brasil ultimó ayer los alegatos de la defensa de la presidenta Dilma Rousseff, que presentará el lunes ante la comisión parlamentaria que analiza si existen méritos jurídicos para abrir un proceso destituyente contra la mandataria.
El abogado del Gobierno brasileño, José Eduardo Cardozo, entregará el documento de la defensa hoy lunes, cuando acaba el plazo de diez sesiones parlamentarias que tenía Rousseff para exponer sus argumentos. Está previsto también que Cardozo haga una exposición de los alegatos, cuyo razonamiento técnico y jurídico ya fue adelantado el jueves 31 de marzo por el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, ante la propia comisión.
Barbosa negó que Rousseff realizara operaciones irregulares y rechazó las acusaciones, formuladas por juristas y por cuatro partidos de la oposición, y que se basan en unas maniobras contables que llevó a cabo el Gobierno entre 2014 y 2015 para "maquillar" sus balances fiscales.
La oposición también acusa a la presidenta de haber modificado los presupuestos a través de decretos y de haber acumulado deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.
Barbosa señaló que "pudo" haber habido "maquillaje" en los resultados oficiales en 2014, pero que las deudas fueron canceladas "por completo" en 2015, el primer año del nuevo mandato de Rousseff.
El Ejecutivo ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública, que usó como agente de pagos para cubrir parte del valor previsto para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y otras obligaciones como créditos para campesinos.
"En 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del Gobierno durante mucho tiempo", reconoció el titular de Hacienda, quien también insistió en que no se puede destituir a un gobernante por faltas cometidas en mandatos anteriores.
