El Gobierno brasileño incrementó ayer su presión ante los tribunales y la Policía, ante el cerco que la justicia ha tendido alrededor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por corrupción.

El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión cautelar que en la noche del viernes congeló el nombramiento de Lula como ministro y que, en consecuencia, le privó del fuero privilegiado y permitió que su proceso siga en una corte común.

La decisión cautelar tomada por el magistrado Gilmar Mendes puso fin a un torbellino de sentencias sucesivas y contradictorias y supuso un mazazo para Lula, que ahora podría ser procesado por el riguroso juez Sergio Moro, el principal responsable del caso de corrupción en la petrolera Petrobras.

En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó "claramente" con el propósito de "impedir" un posible arresto de Lula, puesto que la fiscalía de Sao Paulo solicitó una orden de prisión preventiva, que aún no ha sido analizada por la justicia.

Esa decisión también fue un jarro de agua fría para el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien albergaba la esperanza de que Lula pudiera contribuir a frenar la desbandada de partidos aliados, en un momento que se enfrenta a un posible juicio político que persigue su destitución.

Las tiranteces entre el Gobierno y los responsables de las investigaciones de corrupción ganaron un nuevo capítulo este sábado con el aviso de que se retirará del caso Petrobras a los policías que actualmente están a su cargo si ocurren nuevas filtraciones a la prensa.

Esa advertencia fue proferida por el nuevo ministro de Justicia, Eugênio Aragão, y recibió la inmediata respuesta de la Asociación de Comisarios de Policía, que la consideró como una "interferencia" en las investigaciones.

El director de esa asociación, Carlos Eduardo Miguel Sobral, consideró que esa declaración del ministro trasluce las "prisas" del Gobierno para dar un carpetazo a las pesquisas, que han salpicado a importantes políticos, entre ellos Lula, que ha sido denunciado formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación.