La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prepara su defensa para evitar un juicio político en un Congreso ampliamente fragmentado en medio de un escándalo de corrupción y la peor recesión de Brasil en décadas.
El líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un fuerte rival de la presidenta, introdujo oficialmente ayer jueves un proceso para llevarla a juicio político, con el argumento de que violó leyes de responsabilidad fiscal. El juicio podría terminar en su eventual destitución al cargo.
“Hay indicios suficientes”, dijo Cunha al referirse a gastos en los que presuntamente incurrió el gobierno de Rousseff sin autorización del Congreso. “El momento de política actual es notoriamente grave. Nunca en la historia de la república hubo tantos pedidos de juicio político. La economía no va bien y la desconfianza en el país ya traspasó las fronteras”.
Existen riesgos para la mandataria de la economía más grande de América Latina: su popularidad está por el suelo en niveles no vistos desde 1985, cuando terminó la dictadura militar; y aunque los analistas consideran que sería difícil reunir el apoyo de más de dos tercios en la cámara baja para que el proceso pase al Senado, la opinión popular es un factor importante y el oficialismo no está bien consolidado en el Congreso.
“Tendrá que luchar con todas sus fuerzas para evitar ser destituida por el Congreso”, dijo Eliane Catanhede, una columnista de Estado de San Paulo. “Dependerá de un Partido de los Trabajadores dividido y una base aliada que no es nada fiable”, agregó.
Miembros del Partido de los Trabajadores, tienda política en funciones de gobierno, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso para frenar la apertura del proceso alegando que Cunha abusó de su poder y no notificó a Rousseff antes de tomar la decisión.
Rousseff reunió ayer a su gabinete para planear su defensa. Y aunque fue reelegida en 2014, su imagen sufrió por el escándalo de corrupción en Petrobras. La mandataria no fue acusada en el esquema de sobornos.
