El Vaticano informó ayer de la detención de dos personas, entre ellas el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, por haber presuntamente divulgado material secreto, un caso considerado una reedición del conocido como "Vatileaks".
El Vaticano señaló ayer que las investigaciones sobre la "sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados" se han desarrollado durante "algunos meses" y que el pasado fin de semana fueron interrogadas dos personas por estos hechos.
Se trata del sacerdote español Vallejo Balda y la seglar italiana Francesca Chaouqui, que en el pasado ejercieron respectivamente como secretario y miembro de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (Cosea).
Ambos quedaron detenidos tras el interrogatorio y ayer el promotor de justicia (fiscal vaticano) Gian Piero Milano y su adjunto Roberto Zannotti convalidaron la detención del español y levantaron la medida preventiva y pusieron en libertad a Chaouqui, de 32 años.
Su abogada, Giulia Bongiorno, explicó a los medios que su cliente ya está en casa después de "ofrecer su máxima colaboración y de haber depositado documentos que prueban su declaración". Por el contrario, Vallejo Balda permanece bajo prisión preventiva y su situación dependerá, según se especifica en el comunicado, del análisis de la Fiscalía vaticana.
El español, nacido en 1961 en Villamediana de Iregua (La Rioja), es licenciado en Teología Espiritual y doctor en Teología y está especializado en asuntos económicos.
Es miembro de una asociación intrínsecamente unida al Opus Dei, la "Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz", aunque no cuenta con el derecho de intervenir en nombre de la Obra, subrayó en un comunicado la Prelatura del Opus en la capital italiana. El español ya se vio involucrado en la polémica el día de la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, en mayo de 2014, cuando asistió a un lujoso almuerzo en la azotea de la prefectura de Asuntos Económicos y que fue desaprobado por el Papa.
La divulgación de material clasificado es un delito penado por la legislación vaticana, que prevé penas de entre seis meses y dos años de reclusión a quien "se apropie ilegalmente o revele noticias o documentos que esté prohibido divulgar".
