El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha cometido y comete "irregularidades graves" en el manejo de las cuentas públicas, dijo el fiscal a cargo de la investigación en que se basa la oposición para intentar un juicio político contra la mandataria.
El procurador del Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, detectó el año pasado las maniobras fiscales realizadas por el Gobierno para maquillar sus resultados, que finalmente han sido reprobados por ese órgano de contraloría, que recomendó al Congreso que haga lo mismo, aunque la cámara aún no se ha pronunciado.
"Hay una multiplicidad de conductas irregulares", dijo el fiscal en una entrevista con EFE, y resumió el asunto en que "el Gobierno generó gastos sin tener el dinero suficiente, sin sustentación financiera" y se valió de la banca pública para financiarlos.
Según la oposición, eso configura un "delito de responsabilidad", contemplado en la Constitución como un posible motivo para un juicio con miras a la destitución de un mandatario, tesis rechazada por el Ejecutivo, que pretende consultar sobre el caso a la Corte Suprema.
La investigación realizada por el fiscal constató que en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 10.530 millones de dólares).
Algo más del 50 % de esa deuda fue generada con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) y los montos restantes se reparten sobre todo entre la Caixa Económica y el Banco do Brasil.
De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que al día 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir sus deudas.