El Congreso de Brasil inició ayer los trámites para analizar las polémicas cuentas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo rechazo complica la crisis política en el país y puede abrir las puertas de un eventual juicio contra la mandataria.
Acorralada por una crisis política y económica, la jefa de Estado brasileña ha recibido esta semana una serie de varapalos que han dado una nueva vuelta de tuerca a la situación que atraviesa el Gobierno.
El miércoles, el Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó al Parlamento que rechace los balances del Ejecutivo de Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades para "maquillar" el resultado contable. Esta es la primera vez desde 1937 que el órgano reprueba el balance de las cuentas públicas de un Gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo, que ya ha adelantado que el trámite será lento.
Tras la decisión del tribunal, la oposición salió rápidamente al paso y consideró que el rechazo a las cuentas "abre el camino" para impulsar un proceso de destitución de Rousseff, lo que ha, a juicio del Ejecutivo, no procede.
Según afirmó el titular de la cartera de Presidencia, Jaques Wagner, "varios constitucionalistas" rechazan que se pueda establecer una conexión entre la reprobación de las cuentas públicas y la apertura de un proceso de destitución de la mandataria.
Para los opositores, el dictamen del Tribunal de Cuentas prueba que Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad", que es uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo para iniciar un juicio político con miras a la destitución del jefe de Estado.
El Gobierno confía en la aprobación de las cuentas por su mayoría en las cámaras, reforzada por la reforma ministerial anunciada recientemente.