Al menos, 171 muertos y unos 300 desaparecidos hicieron falta para que Guatemala reconozca que hay que aprender "la lección" y estudiar medidas para evitar tragedias como la que provocó un derrumbe la pasada semana en El Cambray II."Esto puede servir de lección a las municipalidades, que son las encargadas de ver la ocupación de su territorio y de emitir las licencias de construcción, ya que se debe evitar (...) emitir licencias de construcción en lugares en los que se pueda correr un riesgo", declaró el ministro de Comunicaciones, Víctor Corado. Corado reiteró que parte de la responsabilidad de catástrofes como esta recae en las municipalidades, que juegan un papel "muy importante" a la hora de velar por la seguridad de estos asentamientos.Cinco días después de que una localidad ubicada en el municipio capitalino de Santa Catarina Pinula fue arrasada por un derrumbe, muchas voces alertaron de que esta situación se podría haber evitado, ya que la zona había sido declarada de riesgo por las autoridades desde el año 2008.Asentamientos como este, según habían declarado a EFE fuentes de la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), son consecuencia de una "migración interna" que vive Guatemala, donde la ciudadanía no tiene en cuenta las advertencias de riesgo que impiden construir en laderas o barrancos.Según un informe de la Conred, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector de El Cambray II tenía "socavación y erosión en terrenos y viviendas", debido a las crecidas del río Pinula sufridas durante varios años.Entre las recomendaciones, el organismo instaba a la municipalidad de Santa Catalina Pinula a considerar la reubicación de la comunidad afectada "parcial o totalmente" en lugares que reunieran "condiciones aptas para viviendas".En el caso de mantener la comunidad, agrega el escrito, se debe tomar en cuenta que las viviendas ubicadas al borde del caudal "deben ser reubicadas" y el resto tiene que estar sujeto a un monitoreo constante.Corado manifestó que las autoridades municipales son las encargadas de tener un Plan de Ordenamiento Territorial y que además deben velar por su cumplimiento.
