El casi unánime silencio de los gobiernos y los partidos oficialistas latinoamericanos ante la sentencia dictada al dirigente opositor venezolano Leopoldo López el jueves 10 empieza a romperse con peticiones para que se le garantice el debido proceso y el derecho a defenderse y apelar.
La Cancillería de Paraguay dijo ayer que espera un "pleno apego al debido proceso y efectivo respeto de los derechos" en el caso del dirigente del partido Voluntad Popular, condenado el viernes a casi 14 años de cárcel por presuntamente instigar a la violencia en una protesta antigubernamental en 2014.
En similares términos se pronunció el fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al que respondió ayer con un duro comunicado su par de Venezuela.
La Cancillería venezolana destacó que "resulta necesario recordarle" a Chile que "la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional".
Después de que el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, único gobernante que lo ha hecho por ahora, criticó abiertamente la sentencia dictada al dirigente opositor venezolano, la Cancillería costarricense indicó ayer que ve "con preocupación el enjuiciamiento de Leopoldo López y cuatro dirigentes estudiantiles".
El Gobierno de Uruguay, a cargo de la presidencia rotatoria de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), no se ha pronunciado sobre el juicio a López.
El Gobierno de Perú dijo que está preocupado por la situación de polarización interna que afecta a Venezuela, tras la condena dictada contra, según un comunicado emitido por la Cancillería.
La marcha será nacional
