El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina esperará en la prisión de un cuartel militar hasta que un juez determine, en diciembre de 2015, si existen motivos para enjuiciarlo por un caso de presunta corrupción aduanera, decretó ayer el Juzgado B de Mayor Riesgo.
El titular del juzgado, juez Miguel Ángel Gálvez, resolvió ayer martes dejar al imputado en prisión preventiva mientras el Ministerio Público (Fiscalía) concluye con las investigaciones en un plazo de algo más tres meses, que vence el próximo 7 de diciembre.
Será el 21 de diciembre cuando se inicie la audiencia en la que se determinará si hay motivos suficientes para enjuiciar a Pérez Molina, quien renunció la semana pasada a la Presidencia de Guatemala para enfrentar a la justicia por el caso "La Línea".
El expresidente, acusado por la Fiscalía de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, escuchó con incredulidad la decisión judicial que puso fin a tres días de audiencia, en las que negó estar implicado en la red de fraude aduanero.
Pero antes de abandonar la Torre de Tribunales en dirección a la cárcel, donde cumplía "prisión provisional" desde el jueves pasado, el expresidente criticó el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en su proceso y en la justicia en general.
"Si hay cortes amedrentadas, si hay jueces amedrentados por la presión que les ejerce la Cicig como un ente supranacional, eso verdaderamente es una frustración", declaró el expresidente. A su entender, el ente creado por la ONU en 2007 responde a intereses internacionales y no nacionales. "Si esto me está pasando a mí como presidente, ¿qué le puede pasar a otro guatemalteco?", cuestionó el exmandatario.