Pese a su potencial económico, el proyecto minero continúa enfrentando las consecuencias de avasallamientos, explotación ilegal de minerales y dificultades para garantizar la protección efectiva de sus derechos. La reiteración de estos hechos plantea interrogantes sobre el compromiso de las autoridades nacionales, departamentales y locales con las inversiones productivas.

Potosí, uno de los departamentos históricamente más importantes para la minería boliviana, enfrenta una paradoja: mientras existe un discurso recurrente sobre la necesidad de atraer inversiones, generar empleos y fortalecer la economía regional, proyectos con potencial de inversión millonaria encuentran dificultades para avanzar.

Uno de los casos más representativos es Silver Sand (Arenas de Plata), desarrollado por Minera Alcira S.A., vinculada a New Pacific Metals Corp., en el municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra.

El proyecto cuenta con un estudio de prefactibilidad presentado en junio de 2024 que contempla una inversión inicial estimada de 358 millones de dólares, una vida útil de 13 años y una producción total proyectada de aproximadamente 157 millones de onzas de plata.

Sin embargo, pese a su potencial económico, el proyecto ha debido enfrentar una sucesión de conflictos relacionados con avasallamientos, explotación minera ilegal, procedimientos administrativos y acciones judiciales para proteger sus derechos.

La cronología de estos acontecimientos plantea una pregunta de fondo: ¿qué están haciendo las autoridades de los distintos niveles del Estado para garantizar que una inversión de esta magnitud pueda desarrollarse en Potosí?

2023: los primeros obstáculos para la inversión

Durante 2023, Silver Sand enfrentó problemas relacionados con la presencia de operadores mineros que, según denunció la empresa, realizaban actividades extractivas sin autorización dentro de su área minera.

Estas actividades afectaron el desarrollo previsto del proyecto y obligaron a la compañía a recurrir a mecanismos legales para defender sus derechos.

En diciembre de ese año, la empresa inició acciones judiciales y administrativas orientadas a recuperar las condiciones necesarias para continuar sus operaciones de exploración y desarrollo.

Lo que inicialmente podía considerarse un conflicto de protección de derechos mineros terminó convirtiéndose en un problema prolongado, con consecuencias sobre la planificación de una inversión de gran escala.

2024: una inspección impedida con dinamitas

El 21 de febrero de 2024 se produjo uno de los episodios más graves.

Una comisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), acompañada por aproximadamente 80 efectivos policiales, intentó realizar una inspección técnico-administrativa en el área del proyecto.

La intervención fue obstaculizada mediante bloqueos y el uso de dinamitas, según informó la propia autoridad minera.

El hecho no solamente afectó a la empresa, sino que también impidió el ejercicio de funciones de servidores públicos encargados de hacer cumplir la normativa.

Posteriormente, la AJAM emitió una resolución administrativa favorable a Minera Alcira S.A., reconociendo la necesidad de proteger sus derechos mineros.

No obstante, contar con resoluciones favorables no significó una solución definitiva a los problemas de seguridad y control del área.

Este episodio puso en evidencia una de las principales dificultades que enfrentan las inversiones: la distancia que puede existir entre el reconocimiento legal de un derecho y la capacidad efectiva del Estado para garantizar su cumplimiento.

2025: las acciones judiciales no garantizan una solución permanente

Durante 2025 continuaron las gestiones legales e institucionales destinadas a proteger el proyecto.

En junio, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió una acción de amparo constitucional favorable a la empresa, orientada a proteger sus derechos frente a los avasallamientos y las actividades mineras ilegales.

En julio, la compañía informó que había recuperado el acceso al área y que se habían adoptado medidas de seguridad.

Sin embargo, los acontecimientos posteriores demostraron que las intervenciones y decisiones judiciales no habían sido suficientes para asegurar una protección permanente.

El caso comenzó a evidenciar un problema de mayor alcance: la necesidad de una respuesta institucional coordinada y sostenida que permita prevenir la reaparición de actividades mineras ilegales.

2026: la minería ilegal vuelve a quedar en evidencia

El 23 de abril de 2026, la AJAM ejecutó una nueva intervención en el área de Silver Sand, con el acompañamiento de aproximadamente 100 efectivos policiales.

Durante el operativo se identificaron bocaminas, equipos, herramientas, infraestructura de transporte y mineral acopiado, asociados a actividades extractivas no autorizadas.

Según el reporte oficial, se encontraron al menos siete bocaminas próximas al río y otra en niveles superiores, además de rieles, compresoras, carros metaleros y otros elementos utilizados para la explotación y el traslado de mineral.

La autoridad procedió a adoptar medidas destinadas a impedir la continuidad de estas actividades.

La nueva intervención dejó en evidencia que el problema persistía pese a las actuaciones administrativas y judiciales desarrolladas en años anteriores.

¿Cómo es posible que, después de varios procedimientos legales, resoluciones favorables e intervenciones policiales, un proyecto minero continúe expuesto a actividades extractivas ilegales?

La respuesta exige examinar no solamente las actuaciones de las autoridades mineras, sino también los mecanismos de coordinación y protección que deberían existir entre las instituciones competentes.

¿Dónde está el acompañamiento de las autoridades?

El caso Silver Sand plantea un debate sobre la responsabilidad de las autoridades nacionales, departamentales y municipales frente a las inversiones productivas.

La protección de los derechos mineros y la persecución de actividades ilegales corresponden a las instituciones con competencias establecidas por ley. Pero el desarrollo económico de Potosí también requiere una participación activa de las autoridades departamentales y locales en la promoción de condiciones favorables para la inversión.

La AJAM ha realizado inspecciones, otorgado amparos y ejecutado medidas de restitución. Sin embargo, la reiteración de los conflictos demuestra que estas actuaciones no han permitido garantizar una solución sostenida.

A ello se suma una pregunta sobre el acompañamiento político e institucional de los distintos niveles de gobierno.

¿Han existido iniciativas suficientes de coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales para proteger el proyecto? ¿Se han impulsado mecanismos de seguimiento que permitan evitar nuevos avasallamientos? ¿Qué medidas se han adoptado para impedir que la explotación ilegal vuelva a desarrollarse en áreas con derechos mineros legalmente constituidos?

Y, sobre todo, ¿qué prioridad se está otorgando a una inversión que podría generar nuevas oportunidades económicas para Potosí?

Estas interrogantes adquieren mayor relevancia en un departamento que demanda empleo, recursos e inversiones para fortalecer su economía.

La promoción de inversiones no puede limitarse a declaraciones de intención. Requiere condiciones jurídicas, institucionales y de seguridad que permitan a las empresas desarrollar sus actividades dentro del marco legal.

Una oportunidad económica que sigue sin materializarse

Silver Sand contempla una inversión inicial estimada de 358 millones de dólares, de acuerdo con su estudio de prefactibilidad.

De concretarse, el proyecto podría dinamizar la economía potosina mediante la contratación de personal, adquisición de bienes y servicios, demanda de transporte, provisión de insumos y otros encadenamientos productivos.

Una futura operación comercial también podría generar regalías y recursos tributarios conforme a la normativa boliviana.

Sin embargo, estos beneficios continúan siendo potenciales.

La inversión proyectada todavía no se ha traducido en la construcción de una operación minera de gran escala, y los obstáculos registrados durante los últimos años forman parte de los factores que han afectado su desarrollo.

En ese contexto, el costo de la incertidumbre no se limita a una empresa. También puede afectar las oportunidades económicas que el departamento espera generar a partir de nuevas inversiones.

Potosí necesita algo más que discursos sobre inversión

La experiencia de Silver Sand demuestra que disponer de recursos minerales y contar con estudios técnicos favorables no garantiza que una inversión llegue a concretarse.

También se necesita un entorno institucional capaz de proteger los derechos legalmente constituidos, prevenir actividades ilícitas y responder oportunamente a los conflictos que amenazan los proyectos productivos.

Las intervenciones de la AJAM y las decisiones judiciales favorables representan actuaciones importantes, pero la reiteración de hechos de explotación ilegal plantea dudas sobre la eficacia del sistema de protección en su conjunto.

La responsabilidad de crear condiciones favorables para el desarrollo económico no corresponde a una sola institución. Exige coordinación entre los niveles del Estado, dentro de sus respectivas competencias.

Después de varios años de dificultades, Silver Sand continúa siendo una oportunidad de inversión para Potosí.

La pregunta ya no es solamente si el proyecto tiene potencial minero. La pregunta es si las autoridades están dispuestas a asumir un papel más activo y coordinado para que ese potencial pueda convertirse en inversión, empleo y desarrollo.

Porque Potosí no necesita únicamente anuncios de nuevas inversiones. Necesita condiciones para que las inversiones puedano concretarse.

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