Durante una reunión interinstitucional convocada por la Brigada Parlamentaria de Potosí se conoció que existe la necesidad de que la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (Aapos) realice un reajuste de sus tarifas, debido a la considerable reducción de sus ingresos y a la necesidad de afrontar mayores gastos con los recursos disponibles.

El anuncio se produce en un momento en que los vecinos se quejan por la falta de suministro regular de agua en las zonas altas de la ciudad, debido a la reducción de los volúmenes de almacenamiento en el sistema de lagunas del Kari Kari.

En la reunión se informó que Aapos administra un flujo aproximado de 10 millones de metros cúbicos de agua por año. De ese volumen, ocho millones eran destinados al consumo de la población, que generaba ingresos por aproximadamente Bs 26 millones, mientras que otros dos millones de metros cúbicos eran comercializados a la industria, que aportaba un monto similar.

Cuando se prohibió la venta de agua a las empresas mineras, Aapos perdió una parte importante de sus ingresos. Ante esta situación, se analiza la forma de recuperar esos recursos y una de las alternativas sería elevar el precio del servicio, salvo que se restituya la venta de agua a la industria.

Desde Aapos ya se había informado que las tarifas para los usuarios de la Villa Imperial se mantienen congeladas, pese a la necesidad de realizar un reajuste. Así lo confirmó el gerente interino de la institución, Sergio Jancko.

La autoridad afirmó que, por el momento, no existen planes para incrementar las tarifas, más aún después de la crisis provocada por los bloqueos en el país, que afectaron duramente la economía de los hogares de menores ingresos, no solo de Potosí, sino de todo el país.

Consultado sobre el trabajo de una consultora para determinar los nuevos costos del servicio, Jancko indicó que el estudio tarifario ya está concluido y establece diferencias entre los distintos tipos de consumidores, tanto domiciliarios como industriales.

Los anuncios de incrementos tarifarios en las empresas de servicios generalmente son rechazados por los dirigentes vecinales, quienes sostienen que en este momento no se puede elevar el costo del agua o la electricidad debido a la crisis económica que enfrenta la población, marcada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar.