El proceso de transición para el ingreso del alcalde Williams Cervantes permitió conocer una serie de actos ilegales presuntamente cometidos por funcionarios de la comuna, quienes llegaron al extremo de apropiarse del dinero que los ciudadanos pagaban por impuestos de bienes inmuebles.
Pese a que se entregaba un recibo al contribuyente, los datos eran borrados del sistema y el ciudadano continuaba figurando como deudor, mientras el monto cancelado iba a parar a bolsillos particulares.
El actual secretario Administrativo y Financiero, David Condori, lideró el proceso de transición por parte de Williams Roger Cervantes y reveló que en la Dirección de Recaudaciones se verificó una gran cantidad de anulaciones irregulares de comprobantes de pago de inmuebles.
Esa acción, por supuesto, se realizaba sin el consentimiento del contribuyente, quien pagaba sus impuestos de determinado periodo, pero posteriormente aparecía debiendo a la comuna como si nunca hubiera cancelado.
Ahora se requiere realizar un trabajo detallado para determinar en qué casos fueron anulados los pagos y cuál es el monto afectado a la institución. Asimismo, se busca establecer qué funcionarios estaban a cargo del sistema y quiénes serían los responsables de la apropiación ilegal de recursos económicos.
Pero ese no es el único problema. También se comprobó que los datos catastrales se encuentran desactualizados, por lo que algunos predios figuran como lotes cuando, en realidad, en esos espacios existen viviendas completas e incluso edificios.
Los propietarios de esos inmuebles pagaban sumas de hasta 60 bolivianos, cuando en realidad les correspondía cancelar 1.000 bolivianos o más, de acuerdo con las características de sus edificaciones.
Esa forma de trabajo habría permitido que funcionarios ediles recibieran recursos económicos de parte de propietarios cuyos predios eran registrados de manera incorrecta, induciendo al cobro de montos mínimos para la institución.
También llama la atención que funcionarios de la Alcaldía de Potosí mantuvieran durante años contratos de arrendamiento de bienes inmuebles municipales sin actualización, lo que derivó en la pérdida de importantes recursos económicos.
Como ejemplo, se citan las tiendas de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí ubicadas en las calles Bolívar, Oruro y el Triángulo Productivo, cuyos beneficiarios continúan pagando sumas reducidas establecidas en contratos antiguos.
