La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), luego de una inspección a actividades mineras ilegales en inmediaciones de la comunidad de Calamarca, en el departamento de Potosí, alertó de un potencial riesgo para la seguridad de la población. Anunció que se iniciarán las acciones administrativas y legales correspondientes.
La advertencia se hace tras verificar la existencia de una operación minera activa al interior de áreas mineras identificadas como Gran Poder NC y Señor de San Bartolomé A, caracterizada por la presencia de numerosas bocaminas en funcionamiento; cuadros verticales: maquinaria pesada, entre ellas retroexcavadoras, tractores y volquetas; compresoras; sistemas de extracción y campamentos instalados en la zona, precisaron desde la entidad.
“Uno de los aspectos más preocupantes identificados es la proximidad de estas actividades a la carretera Potosí–Tarija, donde a escasos metros se desarrollan trabajos en áreas libres, lo que configura una explotación completamente ilegal y con potencial riesgo para la seguridad de la población”, indicaron desde la AJAM mediante un reporte institucional.
La comisión técnico-legal también constató, según la AJAM, que parte de estas actividades se realizan al interior de áreas mineras con derechos en trámite o con autorizaciones específicas, donde se estaría ejecutando explotación intensiva que no se ajusta a la naturaleza de dichos derechos, agravando el escenario de irregularidad.
Asimismo, denunciaron la presencia masiva de personas vinculadas a estas operaciones, lo que evidencia una ocupación organizada y sostenida en el tiempo. “Este contexto, se desarrolla en un entorno de alta conflictividad, lo que representa un riesgo permanente para cualquier acción de control en el área”, indicaron.
La intervención se realizó después de recibir denuncias formales y conocer de reportes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, que advertían sobre el avance de la minería ilegal en la zona.
Ante esta situación, la AJAM informó que se activarán las acciones administrativas y legales correspondientes, en coordinación con las instancias competentes, con el objetivo de frenar estas actividades y restablecer el orden en el área.
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