La decisión judicial profundiza la crisis institucional en el Concejo Municipal de Potosí. Un juez cautelar determinó la detención domiciliaria sin derecho a trabajo para la concejala del Movimiento Cívico Popular (MCP), Jessica Mayra Churata, investigada por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias. 

Además de la medida principal, la autoridad jurisdiccional dispuso arraigo nacional y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, dentro del proceso penal en curso.

La resolución tendrá efectos inmediatos en la estructura del ente deliberante, ya que se prevé la incorporación de un concejal suplente para cubrir la ausencia de la autoridad titular, cuyo líder es Jhonny Llally Huata.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado medidas cautelares de carácter personal; sin embargo, tras recolectar nuevos elementos de convicción, elevó su requerimiento a cuatro meses de detención preventiva en el penal de Cantumarca. Esa petición no fue acogida por el juez, lo que motivó que el Ministerio Público interponga una apelación, argumentando la existencia de indicios que sustentan la probabilidad de autoría y riesgos procesales.

Este caso se suma a un contexto complejo dentro del Concejo Municipal, donde varios concejales titulares enfrentan procesos penales y algunos ya cumplen detención preventiva por presuntos delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.