La crisis municipal se sigue profundizando porque no hay acuerdos para designar una sola autoridad edil: los concejales anuncian que en la sesión ordinaria del martes designarán un alcalde tras la resolución de la Sala Constitucional Primera que señala que la elección de Josefina Cruz fue ilegal porque no se cumplió con requisitos administrativos.

El presidente del Concejo Municipal, José Emilio Elías, indicó que, atendiendo el criterio de esa instancia judicial, se verá la forma de designar una nueva autoridad tomando en cuenta la renuncia del alcalde constitucional, Jhonny Llally, que ocurrió el 10 de febrero.

La convocatoria se emitirá para el martes, y, retrocediendo en efectos al 10 de febrero, se intentará elegir una nueva alcaldesa o alcalde.

ASUME

Waldo Porcel se presentó ayer por la mañana en el edificio principal del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y anunció que estaba retomando sus funciones porque la Sala Constitucional le otorgó la tutela en dos oportunidades.

Indicó que el lunes efectuará denuncias graves por designaciones ilegales de personal y disposición arbitraria de bienes de la institución y lo hará con las pruebas respectivas.

Porcel considera que las resoluciones de la Sala Constitucional señalan que él es la autoridad que debe permanecer en el cargo hasta la conclusión de la gestión municipal y anuncia un proceso penal contra José Emilio Elías por llamar al desacato de la resolución constitucional.

En el Concejo Municipal se comentó que, si Waldo Porcel asume funciones, una parte de los concejales tendrán abierta la posibilidad de demandarle por usurpación de funciones.

JUDICIALIZACIÓN

La crisis municipal tiene un componente fuerte que está diezmando la estructura de ese ente especializado que debe fiscalizar y legislar.

Desde hace algún tiempo, las denuncias por la supuesta comisión de delitos penales son frecuentes entre los concejales y de gente de afuera que observa el accionar de los mismos.

Ahora Waldo Porcel anuncia una denuncia penal porque se estaría llamando al desacato a resoluciones constitucionales y porque se obstaculiza el ejercicio de sus funciones de alcalde, restablecidos a través de una resolución como resultado de un amparo constitucional.