La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los hechos ocurridos en el municipio de Potosí durante las medidas de presión asumidas por un sector del transporte público, que incluyeron el repliegue del servicio y el bloqueo del edificio central del Gobierno Autónomo Municipal, en rechazo a la Ley Municipal N.º 545, que fija una tarifa diferenciada de Bs 2,50 para personas adultas mayores.
En ese contexto, la institución tomó conocimiento —a través de redes sociales— de la circulación de mensajes atribuidos presuntamente a un grupo de choferes, que contienen expresiones violentas, misóginas y de connotación sexual dirigidas contra la alcaldesa de Potosí, Lesly Flores. Las publicaciones también incluyen llamados a la toma del edificio municipal y a la retención de personas.
Según la Defensoría del Pueblo, ese tipo de mensajes constituyen violencia simbólica, violencia sexual y violencia política contra las mujeres, ya que afectan la dignidad e integridad de la autoridad municipal, generan un clima de hostigamiento y ponen en riesgo el ejercicio pleno de la función pública, además de debilitar la convivencia democrática.
