La ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara, fue multada por los miembros de la Sala Constitucional Segunda con la suma de 50 mil Bolivianos por no haber realizado acciones de preservación del Cerro Rico de Potosí en coordinación con las instituciones potosinas y el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos con la suma de Bs 20 mil por incumplir lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 62/2022 respecto a la preservación de la parte alta del “Sumaj Orcko”.

La vocal relator del tribunal, Lourdes Choque, aclaró que las multas son personales y están en relación al incumplimiento de la citada sentencia constitucional que emana de una acción popular planteada por la entidad cívica regional y otras respecto a la preservación de la gradiente del Cerro Rico de Potosí.

La Sala Constitucional anunció que en el caso del ministerio de culturas se remitirá obrados de este caso al Ministerio Público ante un probable incumplimiento de sentencias constitucionales.

También se dispuso que en el plazo de cinco días el ministerio de Minería y metalurgia junto a su brazo operativo como es la Comibol debe presentar un plan actualizado de preservación del Cerro Rico estableciendo la intervención de los hundimientos que se encuentran por encima de la cota 4.400.

Esas entidades nacionales tendrán un plazo de 60 días para implementar las medidas de preservación del yacimiento minero poniendo énfasis en lo que significa la parta alta.

La Sala Constitucional también le ordenó al Ministerio de Minería y Metalurgia que, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), pueda garantizar yacimientos mineros libres para las secciones de cooperativas que deben salir del cerro eso frente a la actitud de rechazo que tienen los comunarios de las zonas que son identificadas para que los mineros puedan ir a desarrollar sus labores. En la audiencia también se descartó la anunciada inspección al Cerro Rico de Potosí porque a través de los documentos, la parte accionante y la parte accionada pudieron dar a conocer todo lo que se hizo y no se hizo respecto a la exigencia de preservar el yacimiento minero y la migración de las operaciones que se encuentran por encima de la cota 4.400.

El tribunal se formó una convicción de que en el Cerro Rico existen avances en el relleno seco de los hundimientos, pero esa política de preservación no se estaría aplicando en la parte alta del yacimiento minero.