Miles de mineros marcharon ayer por el centro de la Villa Imperial en una marcha que demanda el acceso a concesiones mineras como condición para salgan de la parte alta del Cerro Rico de Potosí.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Oscar Chavarría, señaló que están dispuestos a salir del Cerro Rico, pero para eso necesitan que las autoridades nacionales, en especial de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), les entreguen áreas de trabajo con potencial explotable y no espacios en los que no podrán desarrollar su actividad productiva.
El dirigente indicó que requieren áreas de trabajo, pero que no sea en base a las leyes porque las actuales normas legales serían un obstáculo para que puedan consolidar el proceso de migración del “Sumaj Orcko” hacia otros lugares.
Chavarria dijo que, con las actuales leyes, para tener acceso a un yacimiento minero deben realizar la preconsulta a las comunidades y después la consulta previa, además de cumplir una serie de requisitos difíciles de cumplir así que no garantiza que dejen el yacimiento minero.
Los mineros movilizados dieron 30 días a las autoridades nacionales para que les entreguen las áreas de trabajo porque, de lo contrario, asumirán acciones más drásticas.
SENTENCIA
La movilización se desarrolla en un contexto en el que la justicia ordenó que las autoridades mineras asuman acciones para completar la migración de las secciones de cooperativas que trabajan por encima de la cota 4.400 y se garantice la preservación del yacimiento minero.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí congeló las cuentas bancarias del Ministerio de Minería y Metalurgia, a cargo de Alejandro Santos Laura; de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a cargo de Reynaldo Pardo Fernández, y la oficina regional de Potosí, dirigida por Iván Guillermo Fuertes; por el incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1062/2022.
Dos de los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez y Ximena Gonzales, plantearon una acción de cumplimiento ya que la Sentencia Constitucional 1062/2022 del 22 de febrero fue confirmada el 19 de agosto en la cual se dispone la migración de las unidades de producción que trabajan por encima de la cota 4.400 y que se implementen acciones de preservación del Cerro Rico de Potosí por ser un bien social que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 1987.
