Los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) preparan una demanda penal contra el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos; la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara; el gerente nacional de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo, y el gerente regional de la Comibol, Iván Guillermo Fuertes, con relación al incumplimiento de una sentencia constitucional que establece la migración de las operaciones de la parte alta del Cerro Rico de Potosí y su preservación.
El presidente de Comcipo, Alberto Pérez Ramos, anunció que, al haber logrado la razón en una acción de cumplimiento respecto al incumplimiento de la sentencia constitucional 1062/2022, se decidió ir más adelante con la finalidad de lograr una sanción a quienes no cumplieron con su obligación de migrar las actividades productivas que están por encima de la cota 4.400 y preservar la montaña que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1987.
Si bien la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí otorga 31 días a esas autoridades para que presenten sus informes respecto a la migración de trabajos y preservación del yacimiento minero, está a la vista que no se hizo nada o muy poco al respecto.
Independientemente de lo que informen los impetrados sobre las tareas de preservación, Comcipo planteará la demanda penal con la finalidad de que se aplique sanciones para cada uno de los denunciados.
