El yacimiento minero de Andacaba, en Potosí, enfrenta una de sus peores crisis tras más de 40 días de bloqueo sostenido en la comunidad de Chaquilla B. Los comunarios, aglutinados en la Cooperativa San Andrés, instalaron un retén ilegal realizando cobros irregulares, bloqueando el normal desarrollo de las operaciones mineras.
La empresa minera aún no cuantificó con precisión las pérdidas económicas, pero advierte que el perjuicio es millonario y prepara la presentación de un amparo constitucional.
Según la compañía, al menos dos derechos fundamentales están siendo vulnerados: El derecho al trabajo, pues más de 300 trabajadores asalariados se ven impedidos de sacar la producción debido al bloqueo y al avasallamiento de la mina.
El derecho al libre tránsito, ya que los empleados deben realizar trasbordos forzados para ingresar o salir del área, generando sobretiempos que son asumidos por la empresa.
El impacto no se limita a la operadora minera. Contratistas de transporte también sufren pérdidas directas. Los insumos —como alimentos, cal, entre otros— son impedidos en su ingreso.
La situación se tornó más crítica desde el 11 de agosto, cuando el yacimiento fue asaltado por presuntos miembros de la Cooperativa San Andrés. Según denuncias, los invasores utilizaron dinamita para destruir maquinaria, cámaras de seguridad y proceder al robo de mineral. Desde entonces, los únicos que extraen mineral son los mismos agro-mineros, quienes trabajan las 24 horas y, según la empresa, imponen su propia ley mediante hostigamiento y presión.
