Los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) esperan que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia se pronuncie sobre la acción de cumplimiento planteada en relación a una sentencia constitucional que ordena el cierre definitivo de las labores que están por encima de la cota 4.400 en el Cerro Rico de Potosí.

El presidente de Comcipo, Alberto Pérez Ramos, informó que plantearon una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

Esas instituciones se encuentran involucradas en la sentencia constitucional emitida en 2002 por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que dispone la migración de las secciones de cooperativas mineras que trabajan por encima de la cota 4.400 en el yacimiento minero.

La sentencia estableció un plazo de 365 días para que se cumpla la medida de la migración, pero el plazo habría sido ampliado debido a las dificultades que surgieron para que se ejecute la medida.

El último informe respecto a la migración de las secciones de cooperativas que están en la parte alta del cerro fue emitido en 2024 por la Comibol en la que se señala que de 37 unidades de producción que tenían áreas en la parte alta del cerro, se logró sacar a 18 quedando aún 19 que estaban en pleno trabajo de extracción de carga en el área que presenta un alto nivel de deterioro.

Los dirigentes de las cooperativas mineras destacaron que no saldrán del Cerro Rico de Potosí si es que no se les entrega otras áreas que tengan potencial productivo y que cuenten con las condiciones para entrar en operación en el menor tiempo posible.

Indicaron que son conscientes del alto nivel de deterioro que presenta la montaña, pero consideran que las autoridades nacionales les deben garantizar áreas de trabajo.

Esa posición fue cuestionada por dirigentes sociales de la Villa Imperial quienes destacan que el Cerro Rico es un sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y es deber de las autoridades encarar su preservación por encima de intereses sectoriales.