El alcalde de Potosí, Jhonny Llally, abandonará el penal de Cantumarca si cancela una fianza de 15.000 Bolivianos, presenta dos garantes solventes y cumple con el trámite de arraigo nacional. La Justicia le concedió la medida de detención domiciliaria, aunque sin derecho al trabajo, lo que le impedirá retomar la conducción del Gobierno Municipal.
La decisión, sin embargo, no es definitiva. El Ministerio Público apeló la resolución y será una instancia superior la que determine si el burgomaestre obtiene efectivamente el beneficio.
“La autoridad ha dispuesto la cesación de la detención preventiva, pero hemos objetado porque persisten riesgos procesales”, declaró el fiscal departamental, Gonzalo Aparicio.
Llally enfrenta un proceso por presunto delito sexual, aunque no es el único. Según Aparicio, existen otras causas abiertas en su contra, en las que incluso se pide la revocatoria de medidas sustitutivas y la imposición de nueva detención preventiva, procesos que aún no han sido sustanciados.
