El Departamento de Potosí aporta entre el 65 al 70 por ciento del total de los minerales que son exportados de Bolivia cada año, así lo establece el investigador Alfredo Zaconeta y datos del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

Zaconeta detalla que en la gestión 2024, Bolivia tuvo una producción minera de 5.730 millones de dólares mientras que el Ministerio de Minería sostiene que la exportación de metales ese año llegó a 4.723 millones de dólares de los cuales cerca del 70 por ciento habrían sido aportados por los mineros grandes, medianos y cooperativas del Departamento de Potosí.

El decano de la Facultad de Ingeniería Minera de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), Epifanio Mamani, informó que Potosí sigue siendo el más grande productor de minerales y sus reservas continúan siendo fabulosas lo cual hace prever que esa actividad aún tiempo futuro para seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la economía del país.

El entrevistado destacó el aporte de la minería potosina en el desarrollo del país durante estos 200 años, a través de ciclos que se movieron entre la producción de plata, el estaño y hoy con el zinc.

Además existe la posibilidad de que Potosí siga aportando a la economía a través de la explotación de las llamadas tierras raras y del recurso del litio que podría ser una realidad dentro de algún tiempo.

CAMBIOS

Tanto el documento universitario como el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, consideran que es necesario que el nuevo Gobierno pueda introducir cambios sustanciales en la política minera con la finalidad de garantizar la inversión privada y el despegue del valor de las exportaciones.

Algunos postulan un cambio en el régimen de cálculo de las regalías mineras que benefician a la gobernación y los municipios porque en la actual ley sectorial están definidos los aportes en bese a techos de valor que no corresponden a la actual realidad.

También indican que es necesario contar con normas que eviten que la consulta previa sea un mecanismo de obstaculización de las comunidades algunas de las cuales buscarían beneficios sectoriales de parte de los que quieren desarrollar labores de producción.