Los miembros del Tribunal de Sentencia Número 2 de la capital y provincia Frías del Departamento de Potosí rechazaron los incidentes planteados por la defensa de los imputados en el juicio oral, público y contradictorio en el caso de la fallida compra de 41 ambulancias.
Los incidentes por actividad procesal defectuosa buscaban que se anule la acusación paralizando el juicio hasta que se pueda enmendar las observaciones alargando el proceso.
El asambleísta Jaime Osvaldo Flores, en su condición de denunciante de este caso, destacó la decisión de los miembros del tribunal lo que significa que el juicio oral continuará.
Señala que tras superar esta primera fase se tiene que cumplir la etapa de la declaración de los acusados, la presentación de la prueba, los alegados hasta llegar a la sentencia.
El tribunal señaló la continuidad del juicio para el lunes 7 de julio desde las 10:00 y se espera que en esa fecha se reinstale el proceso y pueda avanzar para que entre septiembre u octubre se tenga una sentencia de acuerdo a derecho.
El suspendido gobernador potosino, Jhonny Oscar Mamani, es llevado a juicio por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias.
Los delitos emergen del intento de adquisición de 41 ambulancias para los municipios potosinos que no se consumó debido a una serie de irregularidades que surgieron durante el mencionado proceso.
En el proceso están imputados el gobernador titular de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez y sus colaboradores; Rubén Moisés Miranda Castro, Luis René Loayza Gallardo, Eulogio Peñaranda Cárdenas, Ramiro Luis Choque Arando y Jorge Pablo Velarde Torrico.
El denominado “caso ambulancias” data de diciembre de 2021 cuando la gobernación de Potosí cerró contrato con la empresa Estefals Logistics por la compra de 41 ambulancias en un precio de 20.5 millones de Bolivianos.
Respecto a este caso, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) había señalado que la evasión de impuestos es el objetivo de redes ilegales que se constituyeron en el exterior del país con el propósito de internar vehículos a Bolivia, pero sin pagar los impuestos de ley.
