El personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Potosí (ANH) sospecha que el carguío repetitivo de carburantes, la acumulación y trasvasijado estaría yendo a la minería ilegal y a uso en automóviles chutos.
Esa fue la versión proporcionada por el director Distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Potosí, Esteban Llanos Copa, a la consulta sobre el destino que tendría la gasolina y el diésel que algunos están comprando demás.
Durante una conferencia de prensa en la estación Monte Roca, Llanos Copa, señaló que en solo un par de días de control en las gasolineras se encontró 14 volquetas que realizaban la repetitividad de compra.
Anunció que en coordinación con las estaciones de servicio realizarán controles permanentes para eliminar de raíz las compran irregulares, puesto que no se puede permitir que un motorizado realice la compra de una determinada cantidad de carburantes y pasadas pocas horas vuelva a realizar otra adquisición porque queda claro que no gastó la gasolina o el diésel de una forma normal.
Hay personas que realizan la compra de tanque lleno en una gasolinera y tras dejar el producto en un punto de almacenamiento van a otro puesto de venta de los hidrocarburos y realizan otra adquisición.
Es lógico pensar que ese producto se va a la minería ilegal o al uso en automóviles ilegales comúnmente conocidos como “chutos” y que existen en gran número en poblaciones rurales de Potosí, en especial en la región norte.
Las empresas mineras que son legales tienen acceso hasta 5 mil litros de carburantes con lo cual se garantiza sus operaciones.
Si requiere un mayor volumen podrá acceder desde 5 mil litros hasta 19.999 cumpliendo ciertos requisitos que garantizan el uso regular y productivo del diésel o la gasolina.
Si requieren aún más carburantes deberán registrarse en la categoría Grandes Contribuyentes (Gracos) para lo cual también se tienen que realizar gestiones concretar para estar en ese grupo.
Hay versiones de transportistas en sentido de que algunas personas acumulan diésel y lo venden en precios más altos que los establecidos a las empresas mineras ilegales que operan en la extracción de oro y otros metales.
