El presidente paralelo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Edgar Alejandro Borth Tirado, pide seis años de cárcel para la presidenta en ejercicio de la institución, Roxana Cecilia Graz Iporre, además del pago de 100 mil dólares como supuesto daño civil que estaría sufriendo a nombre del pueblo potosino.

Los petitorios están en el memorial de denuncia que Borht presentó el 11 de marzo recién pasado a la Fiscalía de Potosí en contra de Graz por la supuesta comisión del delito de "desobediencia a resoluciones en procesos de habeas corpus y amparo constitucional".

Esa denuncia, que es atendida por el fiscal de materia Abner Flores Canaza, fue la que determinó la citación de Graz a la Fiscalía de Potosí para declarar en este caso.

El argumento de Borht es que Graz no ha obedecido las resoluciones emergentes de los amparos constitucionales que reconocieron al comité electoral de Comcipo encabezado por Gabriel Guerrera, que fue el que desarrolló las elecciones que coronaron como ganador al frente de aquel, que fue el único habilitado. La sala penal del vocal Ronald Baldivieso, que aparece en las listas de precandidatos a las elecciones judiciales, falló reconociendo a ese comité electoral sin considerar que el consejo consultivo de Comcipo lo había desconocido por vulneraciones al estatuto de la institución.

En su denuncia, Borht pide que "se haga la imputación formal y "se sancione a la misma (Roxana Graz) en el momento procesal oportuno imponiéndole una condena  de SEIS AÑOS a cumplirse en el Centro de Readaptación CANTUMARCA” y también pide el pago de dinero al señalar que “a nombre de la población potosina que está sufriendo esta desobediencia me constituyo daño civil la suma de CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS” (sic).

El memorial contiene errores, imprecisiones y vacíos. Por ejemplo, aunque pone su nombre completo, no proporciona su número de cédula de identidad y, aún así, la denuncia fue aceptada en la Fiscalía.     

Graz se presentó a declarar la tarde del jueves y dijo que no está desobedeciendo la orden del amparo constitucional puesto que la resolución judicial se limita a reconocer a un comité electoral, pero no dice nada respecto a entregar las llaves del edificio de Comcipo, que es lo que quiere Bohrt. Pide citar a declarar a Melitón Mamani y Liliana Yucra, pero no consigna sus direcciones. Generalmente, en la Fiscalía o Policía se pie las direcciones de denunciados o testigos y, si no, las denuncias suelen ser rechazadas. Que se haya aceptado esta, con esos vacíos, hace sospechar que está recibiendo un trato preferente.

Como si se tratara de una velada amenaza, Borht dice, en su memorial, que puede ampliar la denuncia contra el comité electoral que fue conformado luego de que se anularon las elecciones que lo favorecieron, pero no se entiende la redacción porque señala que podría "AMPLIAR LA PRESENTE (denuncia) EN CONTRA DEL COMITÉ ELECTORAL PRECEDIDO POR EL CIUDADANO FRANZ GONZALO SOLIS MEDRANO". No se entiende si quiso decir "presidido", ya que Soliz, con "z", es presidente de ese comité electoral, o bien habla de la precedencia (anterioridad, prioridad de tiempo) que tiene esa presidencia. 

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