El Comando Departamental de la Policía restableció el orden en el municipio de Ocurí, donde el caos por más de una semana estuvo presente y la violencia se estableció como común denominador.
La Alcaldía fue tomada de manera violenta impidiendo el desarrollo normal de las labores cotidianas. Lo peor fue que sembraron terror en esa jurisdicción municipal contra los que no comulgaban con su ideología radical que profesan.
Desde el 5 de marzo, la violencia recrudeció, incluso llegando al bloqueo de la carretera principal, la Diagonal Jaime Mendoza. La noche del jueves 14 y la madruga del viernes 15 de marzo, tres concejales dos mujeres y un hombre fueron presuntamente secuestrados en un ambiente donde permanecieron incomunicados.
Las autoridades legislativas fueron llevadas a la comunidad de Maragua, donde el grupo radical tenía hegemonía. En el ambiente hostil, los concejales fueron presionados a renunciar a sus cargos aduciendo que debería existir la alternancia con los suplentes. El cambio no es reconocido por el Tribunal Electoral Departamental (TED) si por medio existe violencia y acoso político.
Los concejales fueron encerrados y privados de su libre locomoción en una arremetida de extrema violencia. Ya la Defensoría del Pueblo había identificado actos de acoso y violencia política e instó a deponer esas acciones.
Los concejales afectados eran Martha Villca, Alejandrina Quispe y Justino Consejo, indicó el coordinador de la Defensoría del Pueblo, César Villca.
Con intervención de la entidad defensorial, se estableció una reunión hasta las 1:30 de la madrugada del viernes 15, para lograr la liberación.
Esa misma madrugada, la Policía ya había enviado un contingente policial porque la vida de las autoridades legislativas corría serio peligro tras el supuesto secuestro.
