El Ministerio Público está actualmente investigando al menos cuatro casos de violencia o acoso político en el Departamento de Potosí. Según informes, varios concejales de los municipios como San Pedro de Macha, Acasio y Tacobamba habrían sido coaccionados para renunciar a sus cargos debido a la presión ejercida por grupos opuestos a la autoridad legislativa.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED-Potosí), Rodolfo Vera, confirmó que han presentado cuatro casos al Ministerio Público para su correspondiente investigación. 

Afirmó que estas renuncias bajo presión podrían deberse a acuerdos internos de gestión compartida, pero enfatizó que el Órgano Electoral no reconoce dicha gestión compartida como válida.

Vera también mencionó que se llevan a cabo entrevistas rigurosas en la secretaría de cámara para evaluar la presencia de posibles casos de acoso o violencia política, especialmente cuando involucran a mujeres.

“Sí, efectivamente, en algunos casos se han dado y, lo que corresponde, de acuerdo a procedimiento, es hacer conocer al Ministerio Público. Hay esas situaciones”, declaró a El Potosí.

El presidente del TED afirmó que este año se dieron tres renuncias voluntarias de concejales, pero las demás están en proceso investigativo para saber si hubo o no acoso político.

En el caso específico de Tacobamba, se reporta que un concejal afín al presidente Luis Arce fue "secuestrado" por campesinos vinculados al ala "evista" del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes lo obligaron a renunciar por sus opiniones contrarias al expresidente Evo Morales.

En San Pedro de Macha, siete concejales renunciaron a sus cargos, pero dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia política. Aparentemente, hubo presión de autoridades originarias para que renunciaran "voluntariamente", aunque dos de ellas afirmaron haber renunciado bajo coacción.

En Ocurí, se reportan incidentes similares, donde un grupo de personas atacó a concejales para forzar su renuncia. Los agresores fueron identificados como radicales del ala "evista" del MAS, mientras que las víctimas pertenecían a la línea "arcista" del presidente Luís Arce.

Estas denuncias sugieren la comisión de delitos contemplados en la Ley 243 (Ley contra el acoso y violencia política contra las mujeres). Según esta ley, se imponen penas de prisión de 2 a 5 años por "acoso político contra mujeres" y de 3 a 8 años por "violencia política contra mujeres".

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