La población de la ciudad de Potosí ve afectado su derecho a la libre locomoción y en algunos casos al trabajo debido a conflictos sectoriales y sociales que coincidieron ayer en la Villa Imperial.

Muy temprano llegaron los comerciantes de la “feria popular” al centro citadino y bloquearon los accesos al edificio municipal demandando la renuncia de la alcaldesa, Lesly Flores, porque estaría afectando su derecho al trabajo al intentar que desocupen algunas de las calles en las que están asentados para que se pueda realizar la mejora de las aceras.

Dirigentes del sector de comerciantes denunciaron que se les quiere afectar sus ingresos al dejarles sin un espacio para la venta de sus productos aunque en realidad no existiría una fecha definida para que inicien las obras de mejora de algunas de las calles que ocupan los vendedores.

Más adelante se desarrolló la marcha de comerciantes gremialistas quienes cuestionan la Ley de Aduana que permite el control a pequeños vendedores que traen algunos productos del exterior.

El representante de la Confederación de Comerciantes por Cuenta Propia de Bolivia, Marcelino Flores, detalló que la movilización desarrollada ayer  busca frenar los excesos en el control de mercancías de parte de la Aduana así como las verificaciones e incautaciones de productos en el mercado interno.

Los vendedores consideran que los municipios no deberían realizar control de las mercaderías que se venden en su jurisdicción porque ya ingresaron por la frontera que es el lugar en el cual se tiene que encarar los controles e incautación del contrabando.

Anunciaron muchas movilizaciones y un ampliado nacional para definir un accionar conjunto entre los nueve departamentos del país para lograr atención a sus pedidos.

Comunarios de San Lorenzo, Cantón Machacamarca, del municipio de Tacobamba, llegaron a las oficinas del Instituto nacional de Reforma Agraria (INRA) demandando el saneamiento de sus tierras.

El titular del INRA, Jaime Javier Flores Ramos, explicó que se había llegado a acuerdo entre la institución y la comunidad para que este proceso pueda ser atendido, pero, al parecer, no se estaba informando a la base tal como se procedió en esa oportunidad.

Los comunarios fueron convocados a dialogar para frenar las medidas de presión que solamente afectan a la institución y la población potosina.