Todavía hoy se desconoce cuál es la verdadera profesión u oficio del gobernador titular de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez. En sus datos biográficos se lee que se tituló como contador público de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, pero en su cédula de identidad se lee “operador” en el espacio asignado a “profesión/ocupación”, aunque no dice qué es lo que operaba cuando sacó ese documento, el 13 de abril de 2021. En esa fecha, todavía era alcalde de Tahua, lo que explica que haya puesto a ese municipio como domicilio, pero, para entonces, ya se conocía los resultados de las elecciones subnacionales y él ya sabía que era el gobernador electo de Potosí. Que no haya cambiado su domicilio en un documento que era válido para 10 años es apenas una de las muchas incongruencias en la vida de este hombre que ahora está en la cárcel de San Pedro, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, y con el pesado rótulo de haberse convertido en el acusado por los mayores casos de corrupción en la historia de la Gobernación de Potosí, pues si el caso de las 41 ambulancias era por 20,5 millones de Bolivianos, ahora crecieron las dudas respecto a lo que representan, en conjunto, las 43 canchas de césped sintético cuyo valor se aproxima a los 140 millones de Bolivianos.
Las 41 ambulancias fueron el pitazo, primero para el Ministerio de Finanzas y después para la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El escándalo por el acta que decía que la Gobernación de Potosí estaba recibiendo 41 ambulancias, cuando la verdad es que estas ni siquiera habían llegado a Iquique, estalló en febrero de 2022, pero la UIF ya estaba investigando a Mamani por su actuación como alcalde de Tahua. Lo que determinó, revisando cuentas bancarias fiscales, es que el ahora detenido preventivo habría desviado fondos tanto de ese gobierno municipal como de las instituciones que encabezó, como la mancomunidad de los Lípez y la Asociación de Municipalidades de Potosí (Amdepo).
