Los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) dejan en manos de la Cancillería la demanda por las aguas del Silala planteada por los chilenos y hacen notar que se trata de un proceso irregular que nunca debió haber sido aceptado por los gobernantes bolivianos.

Tras una reunión con el equipo de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, la dirigente de Comcipo, Roxana Graz, informó que la postura de la delegación que el viernes estuvo en La Paz fue de que el tema de las aguas del Silala es entre el Estado Boliviano y una empresa privada, la The Antofagasta (Chili) - Bolivia Railway Company Limited Co. Ltd., que fue la que accedió a la concesión para usar ese recurso en 1908.

Los cívicos mostraron su extrañeza sobre la aceptación del Estado boliviano a una demanda planteada por Chile el 16 de septiembre de 2019 ya que, al aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se estaba dando por hecho de que el conflicto es entre dos Estados.

Los dirigentes cívicos señalan que Bolivia debió demandar a la The Antofagasta (Chili) - Bolivia Railway Company Limited Co. Ltd. porque fue la que accedió a la concesión sobre el uso de las aguas para sus locomotoras que realizaban el servicio entre Bolivia y Chile.

Lamentablemente, antes de que se diera la concesión por parte de la Prefectura de Potosí ya se habían realizado obras de canalización y drenaje de los manantiales, generando un flujo abundante del líquido que era llevado por gravedad a través de canales artificiales al vecino país.

La empresa solo debía usar el agua en sus locomotoras a vapor, pero cuando se cambió el sistema de combustión a diésel, el agua ya no era necesaria y la empresa la comenzó a vender a la población de Chile y actualmente otra empresa privada sigue lucrando con el agua de los potosinos.

SECRETO

En la reunión del pasado viernes, las autoridades de la Cancillería se negaron a informar sobre los argumentos bolivianos en defensa de las aguas argumentando que, cuando existe un proceso de ese tipo, se tiene una cláusula de confidencialidad.

Es por ese principio de confidencialidad que no se podría señalar cómo está la defensa del recurso que nace en la región del Quetena del Departamento de Potosí, aunque les aseguraron que el estudio sobre las aguas desarrollado por especialistas de la Universidad Autónoma Tomás Frías sobre la calidad de las aguas y el hecho de que no se trata de un río internacional sería parte de los argumentos planteados por el país.

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