Para la diputada Liss Claros, la detención y posterior detención preventiva de Marco Antonio Pumari fueron ejecutados en el marco de violaciones a la normativa vigente de Bolivia y los derechos humanos, así que está presentando una denuncia en ese sentido a cuatro instancias internacionales.
La ilegalidad comenzó desde la ejecución de los allanamientos del 9 de diciembre de 2021, que se realizaron en horario nocturno, en contra de lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, hasta la realización de la audiencia de medidas cautelares, en Llallagua, y a la que no se quería dejar entrar a la esposa del acusado, María Isabel Cussy.
Claros dijo que la denuncia es presentada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los países integrantes del Grupo de Lima.
Precisamente por considerar ilegales las actuaciones policiales, también anunció una petición de informe al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
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