
"Desde la clandestinidad intentan parar la ejecución de la sentencia". Así denunció el director jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Daniel Apaza, quien recordó que los exvocales Wilfredo Ramos, Freddy Romay y Pastor Molina fueron hallados culpables por el delito de prevaricato y sentenciados a cinco años de privación de libertad a cumplirse en el penal de Cantumarca.
El primero de los citados interpuso un amparo constitucional con la finalidad de anular la sentencia; sin embargo, el tribunal de garantías constitucionales de Sucre le negó la tutela.
"Ellos (los exvocales) no se ponen a derecho, simplemente estaban sus abogados con un poder y ellos no se han hecho presentes en la audiencia y no se conoce sus paraderos", aseveró el funcionario de la Gobernación.