El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y actual concejal del MAS, René Navarro, dijo ayer que los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga deben ser investigados por sus acciones que habrían conducido a un juicio por parte de la empresa chilena Quiborax que terminó ganando al Estado boliviano 48.6 millones de dólares.

Navarro que lideró un movimiento regional en demanda de parar el loteamiento del Salar de Uyuni y los negocios de la empresa Non Metalic (aparente socia de Quiborax), explicó que mientras el pueblo potosino luchaba por la defensa de los recursos naturales del Salar de Uyuni, el presidente Hugo Banzer (fallecido) promulgó la Ley 1854 (Ley Valda), que redujo la zona de reserva del salar de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000, lo que significa que se liberó un  total de 1.018.000 hectáreas en beneficio de gente ligada al impulsor de la ley, el senador potosino Gonzalo Valda.

Según Navarro, Quiroga esperó un año para emitir el decreto reglamentario que consolidó la reducción de la reserva del salar potosino, en base a un informe del viceministro de Minería de ese momento, Adan Zamora.

Ese tiempo sirvió para que los empresarios vinculados al "cardenal del MIR" pudieran consolidar trámites de concesiones mineras en el delta del Salar de Uyuni.

En su gobierno, el presidente Carlos Mesa viabilizó el trámite de licencia ambiental para la empresa Non Metalic de David Moscoso y más adelante anuló las concesiones en un acto que podría calificarse como patriótico, pero que no tomó en cuenta que esa empresa aparecía como socia de la chilena Quiborax y en esa condición plantearon una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).