La concejal de Unidad Nacional (UN), Azucena Fuertes, denunció ayer ante el Ministerio Público el presunto sobreprecio en la compra de máquinas de tejer usadas de industria japonesa para los centros de capacitación en la jurisdicción municipal.

 La querella apunta al alcalde Williams Cervantes y al secretario de desarrollo económico Ricardo Gonzales. Ambos están denunciados por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, sancionados por la Ley 004.

El proceso penal fue presentado ayer a las 16:30 y un fiscal anticorrupción será quién defina si se admite o no la denuncia presentada.

Sin embargo, en la relación fáctica de la querella, la concejal precisa fechas y datos que serán valorados por el fiscal.

Fuertes afirma que el daño económico al estado en la adquisición de máquinas de tejer usadas es de casi 100.000 Bolivianos, ya que cada máquina tiene un costo de 100 dólares (669 Bolivianos al tipo de cambio actual).

"Se han comprado usadas y se han entregado como si fueran nuevas en un acto público el 21 de febrero de este año en el proyecto de mujer productiva la que se desarrolla con la esposa del alcalde", afirmó.

La denuncia en primera oportunidad la hizo Hugo García Méndez en su calidad de presidente de la junta vecinal Alto Bracamonte; sin embargo, no se tomó en cuenta.

De su lado, el ejecutivo municipal, a través del responsable de la dirección jurídica de la Alcaldía, Carlos Gómez, calificó la denuncia de la concejal de UN como sensacionalismo político para descalificar el trabajo que emprende Williams Cervantes.

"La concejal está haciendo sensacionalismo político al comparar con el caso de la compra de mochilas chinas", afirmó.

Fueron cuatro máquinas nuevas las adquiridas en cumplimiento del Decreto Supremo 181 por lo cual se desvirtúa el incumplimiento de deberes que menciona la concejal, declaró.