La denuncia sobre una presunta comercialización ilegal de agua a siete ingenios mineros genera un sismo en la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (Aapos).
El diputado oficialista Víctor Borda anunció que hoy presentará una denuncia contra los ejecutivos de la Aapos por incumplir el precepto constitucional de que el agua es prioritaria para el consumo humano.
Borda dijo que no se opone a la actividad minera, que sería fundamental para la economía, pero considera que los dueños de los ingenios no pueden apropiarse de parte del agua destinada a la población y deberían buscar otras alternativas como, por ejemplo, la perforación de pozos.
La gerencia de Aapos sostiene que es una comercialización legal y necesaria, pues la industria minera subvenciona el servicio que recibe la población.
TEMOR
El senador de Demócratas, Edwin Rodríguez, expresó su temor de que la empresa encargada de la distribución de agua sea intervenida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
La opinión del senador potosino surgió tras conocer una instrucción del ministerio de Medio Ambiente y Agua a la AAPS a través de la cual se pide hacer seguimiento a la denuncia del diputado Borda respecto al desvío de agua del río San Juan en beneficio de ingenios mineros.
COMISIÓN
El gobernador Juan Carlos Cejas anunció la creación de una comisión que realizará el seguimiento a las actividades de Aapos.
En conferencia de prensa anunció que se convocará a la Universidad Autónoma Tomás Frías, Sociedad de Ingenieros de Bolivia Filial Potosí, Colegio de Auditores, Ilustre Colegio de Abogados de Potosí y otras entidades que hagan un seguimiento técnico a la entrega de agua a los ingenios.
