Un equipo de expertos ya está preparando la demanda que se planteará a Chile por el uso de las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El anuncio lo efectuó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde durante su reciente visita a la ciudad de Potosí, donde disertó sobre las aguas potosinas que fueron canalizadas por los chilenos con el fin de llevarselás sin tomar en cuenta los tratados internacionales.
Alurralde aseveró que Bolivia es un país de paz, un país de la solidaridad, del diálogo. Sin embargo, dijo que Chile no quiere dar la cara, por lo cual se decidió acudir ante un organismo internacional que fue creado para dar solución a los conflictos que no pueden ser superados por las partes.
El argumento boliviano se basa en informes técnicos respecto a la condición del agua, partiendo de que se trata de un recurso que brota de bofedales o manantiales, los que fueron drenados y canalizados por los chilenos, quienes efectuaron las obras civiles sin respetar toda norma internacional vaciando incluso estructuras de cemento que hoy en día se pueden apreciar como una prueba de la forma cómo "crearon un río" que hoy defienden con vehemencia con la finalidad de seguir usufructuando un recurso que es de los bolivianos.

NEGOCIO
La Cancillería denunció que los chilenos no utilizan el agua para consumo humano, tal como lo afirmaron en muchos escenarios, sino que ese recurso boliviano está sirviendo para su venta a las empresas mineras que existen cerca de la frontera.
40 EMPRESAS
Reportes que llegaron de Chile afirman que el grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM) vende el agua que llega de Bolivia a 40 empresas mineras que se encuentran en el norte del vecino país.
Se destaca que esa empresa tuvo una utilidad de 74 millones de dólares el pasado año, de ese millonario ingreso a Bolivia no le tocó nada porque los mapochos justifican el saqueo sañalando que se trata de un río internacional de curso sucesivo.
Empresas como Chuquicamata, La Escondida, Ramiro Tomic, Inés de Cullahuasi y otras compran el agua a un precio elevado por lo cual Bolivia tiene previsto demandar a quienes actualmente se llevan un recurso vital para un negocio personal y pedirá que La Haya ordene el pago por las aguas utilizadas desde el momento en el que los ferrocarriles cambiaron del carbón al diesel porque la Prefectura de Potosí había otorgado una concesión para el uso en el transporte ferroviario.