Amalia Pando junto a Andrés Gómez quien también dejó su cargo en Erbol.
John Arandia.
Mediante un documento dirigido a la opinión pública, La Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí (FTP) rechaza la manera en la que fueron alejados de sus cargos los periodistas Amalia Pando y John Arandia y responsabiliza de ello al Gobierno.
El pronunciamiento tiene el siguiente texto:
El Comité ejecutivo de la Federación de trabajadores de la Prensa expresa a la opinión pública lo siguiente.:
1.- Rechaza la manera en la que el actual Gobierno procede a forzar el despido de reconocidos hombres de la prensa como Andrés Gómez Vela, Enrique Salazar, Amalia Pando y John Arandia, quienes solo han cumplido con la noble misión de informar a la población boliviana.
2.- Debemos recordar que la Libertad de expresión forma parte de los Derechos Humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las constituciones de todos los sistemas democráticos.
3.- La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de difundir información a través de los medios de comunicación social sin el control previo de los poderes del Estado.
4.- La Libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
5.- En este sentido recordamos que la utilización del poder del estado y los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley. Los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
