“Eternal gratitud”: Así, con “l” incluida, los diputados que integraron la asamblea del territorio que durante el periodo colonial había sido conocido como Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas, se deshacían en elogios hacia el “inmortal Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, (y) al valiente y virtuoso Gran Mariscal de Ayacucho, y al ejército libertador, vencedor de los vencedores de Guaqui, Vilcapugio, Ayoma, Sipesipe y Torata” (AG: 1825. 1).

La razón para los elogios era evidentemente política. La palabra de Bolívar, que había sido nombrado dictador del Perú, era clave para que ese país aceptara la escisión de Charcas, en cuyo territorio se encontraba la billetera del Imperio Español, el Cerro Rico de Potosí.

La situación jurídica era compleja. Desde el inicio de la invasión europea, gran parte del territorio hoy boliviano era considerado como una unidad político-administrativa. Primero se llamó Nueva Toledo pero luego, cuando Coysara, cacique de los Charcas, entregó el yacimiento de Porco a la corona española, se le puso el nombre de esa nación como agradecimiento. La plata de Potosí hizo el resto. La necesidad de un manejo descentralizado determinó la creación de unidades relativamente independientes, tanto en lo religioso como en lo judicial. Eso determinó la creación del Obispado de La Plata, el 27 de junio de 1551, y de la Audiencia, el 12 de junio de 1559.

La Audiencia, que es la que nos interesa para los fines del presente artículo, formó parte del Virreinato del Perú, cuya capital era Lima, hasta el 27 de octubre de 1777, cuando entró en vigencia un nuevo virreinato, el del Río de la Plata, cuya capital fue Buenos Aires. Charcas dependió de esta última entidad política desde esa fecha de 1777 hasta el 13 de julio de 1810, cuando, tras analizar la crítica situación en el Virreinato del Río de la Plata, donde los rebeldes se habían alzado a partir del 1 de enero de 1809, el virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Souza, decidió que Charcas pase a depender nuevamente del territorio a su cargo, incluyendo a Tucumán, por expreso pedido de sus vecinos.

Es obvio que los rebeldes del Río de la Plata no aceptaron esa decisión pero, para los efectos jurídicos de entonces, Charcas volvía al Perú “en todos los ramos de Hacienda, Guerra, Política y Justicia, ocurriendo las Partes en los contenciosos á sus respectivos tribunales” (ABASCAL: 1810).

Por eso es que, ya en 1825, y con todos los españoles expulsados de Charcas, por efecto de la Batalla de Tumusla, tanto Perú como las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, reclamaban sus derechos sobre Charcas. Y lo que decidieron sus representantes  lo recordamos cada 6 de Agosto: erigirse en “un Estado soberano é independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo” (AD: 1825. 5).

Pero declararse independientes era una cosa y hacerlo efectivo era otra. Por eso es que la palabra de Bolívar pesaba. Él podía influir en el Congreso del Perú para que reconozca la independencia de Charcas y podía responder, también, con el respaldo de las armas del ejército libertador, a las pretensiones de Buenos Aires.

PRIMERA NORMA

La declaración de independencia aprobada y firmada el 6 de Agosto de 1825 simplemente decidió que las provincias de Charcas, también conocidas como Alto Perú, ya no dependían ni de España, ni de Perú, ni del Río de la Plata. Pero ese día memorable, solo se llegó hasta ahí, por lo menos en los papeles.

La secuencia cronológica establecida por los documentos de aquella asamblea permite deducir que los diputados no volvieron a reunirse sino hasta el 11 de agosto, cuando se promulgó la primera norma del nuevo Estado, que tampoco tenía nombre. Se trata de un decreto que, por ser el primero, bien puede considerarse como la piedra inaugural de nuestro país.

No obstante, la necesidad de ganarse la voluntad de Bolívar determina que esa primera norma sea organizativa a medias y, más bien, se traduzca en una serie de homenajes que comienza con el nombre del nuevo país. “La denominación del nuevo estado es, y será para lo sucesivo, República Bolívar” (AG: 1825. 1), dice el primer artículo.

Que un país lleve su nombre debió ser el halago más grande para un Simón Bolívar que, como se sabe, no solo era amante de muchas mujeres sino, también y especialmente, de la gloria. A partir de ahí, su resistencia al surgimiento de la nueva nación cambiaría notablemente. Y no sería el único reconocido para la posteridad por su apellido en un topónimo. El artículo 14 del decreto señalaba que “la capital de la República y su departamento, se denominarán en lo sucesivo, Sucre” (AG: 1825. 2).

El decreto tiene 20 artículos y, más allá de los nombres del nuevo país y su capital, no dice nada más de su organización. En el resto del cuerpo legal hay más homenajes para Bolívar y Sucre como, por ejemplo, declarar fechas cívicas y de fiesta a sus nacimientos, acuñar medallas para obsequiarles, erigirles estatuas y determinar que sus retratos sean colocados en todas las instituciones públicas. También aprueba reconocimientos a un ejército libertador que, bien revisadas las cosas, nunca disparó un solo tiro en territorio de Charcas.

Asuntos tan importantes, como la forma de gobierno, las monedas y los símbolos patrios fueron dejados para después, el 13 y 17 de agosto.

Y, como sabemos, las actitudes laudatorias duraron poco. El nombre de Bolívar fue cambiado a Bolivia supuestamente por sugerencia del diputado potosino Manuel Martín. Con esa actitud, se pasó por alto lo dispuesto por el primer artículo del decreto que establecía que el nombre era para lo sucesivo. Los aniversarios de nacimiento de Bolívar y Sucre dejaron de festejarse con el tiempo e, incluso, cuando falleció el Libertador, el presidente Andrés de Santa Cruz promulgó un decreto que señalaba que debía festejarse el 28 de octubre, “aniversario del día natal del fundador de la República” (IRIS: 1831. 3), cuando, en realidad, había nacido un 24 de julio.

A Sucre le fue peor porque, alabado primero, tuvo que dejar Bolivia con un brazo herido y un gran dolor en el alma por la ingratitud de la gente de un país que él ayudó a ser libre, pero que le pagó con un intento de asesinato.

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