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13 Junio 2018Mario Mamani Morales
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No se puede negar que en los actuales tiempos los profesionales son los que menos empleo tienen, están destinados a la pobreza, el desempleo, la marginación y queda la posibilidad de marchar fuera del país para buscar trabajo.

Las empresas y entidades administrativas del estado suelen emitir convocatorias públicas para cargos jerárquicos y no son pocos los que se presentan en la esperanza de ser contratados, se han preparado para ello, han invertido mucho dinero para estudiar y lograr certificados que avalan su capacidad y conocimiento, se consideran aptos para el puesto y se predisponen para el examen y la calificación de expedientes.

Al final del proceso de selección viene la frustración, el desengaño, la rabia contenida porque sólo ha sido utilizado para justificar lo que ya había sido acordado de quién ocuparía el puesto, no por razones de capacidad, profesionalidad, visión para el cargo u otros aspectos que tienen que ver con la constante cualificación personal.

Los procesos de institucionalización no son limpias, transparentes. No son actos de valorar el capital humano, su carrera profesional, su esfuerzo; por el contrario prima la politiquería que es muy distinta de la concepción de una política de desarrollo, no se ve a la persona como capital principal sino se premia el oportunismo añadido el servilismo.

También existen otros ámbitos de decisión para la asignación de cargos, puestos que obedecen a otras instancias como las logias, la mazonería, juramentos de sangre para la fidelidad, el “uno para todos y todos para uno”, grupos totalmente cerrados donde es difícil asociarse; pero sus integrantes y allegados siempre están con trabajo, puestos buenos y apetecibles, imposible para el no juramentado. Hoy están aquí en un buen puesto, mañana en allá también bien ubicado y pasado en acullá chocho y redondo. De esto no es ajena la administración del Estado.

¿No es verdad que los cargos se cuotean a diferentes niveles? ¿No están ya amañadas las convocatorias? Ejemplos existen bastantes y en cualquier parte. Lo último que se hizo público fue el proceso de selección para un cargo de gerencia en la empresa eléctrica de Sucre donde las denuncias tenían su asidero.

Lo primero que se dijo es que el seleccionado era potosino, argumento que cae por su propio peso porque se entiende que cualquier ciudadano boliviano puede postular a un cargo dentro del territorio nacional, y no son pocos los profesionales que descollan en Potosí siendo de Sucre y viceversa, o en cualquier parte del país.

El lío está en la asignación de puntaje por parte del tribunal para favorecer a un determinado postulante, que ya tiene padrino en otras esferas, generalmente político partidario. Otro caso que también se hizo público es para el cargo de Director en la DDE de Chuquisaca, proceso último donde a la mejor defensa de perfil del plan de trabajo se anotó uno y al candidato ya escogido se anotó 10, puntaje máximo, sin que lo mereciera. ¿Es justo? ¿Así se valora al mejor recurso humano?

Esta práctica no es invento de quiénes están hoy en el gobierno, siempre fue así. Los “dinosaurios” de los partidos políticos tradicionales o pedían dinero o se aseguraban cargos para sus acólitos una vez que se designaba a un funcionario con poder de decisión, relativa por cierto, porque una desobediencia le costaba el puesto. ¿No cambiaremos nunca? ¿Seguirán camino al auto exilio muchos de los profesionales que sí valen la pena?

Mientras tanto, en las universidades del país se forman cientos de miles de profesionales, jóvenes que hasta ofrendan su vida por un presupuesto; al final, el desencanto de no encontrar trabajo.

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