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EDITORIAL

Otro retroceso de la aeronáutica civil

16 Febrero 2017El Potosí · Potosí

Hace algo más de dos meses, el 11 de diciembre del año pasado, bajo el título “El TAM y una tragedia aleccionadora”, nos referimos en términos elogiosos a la decisión que un día antes tomó la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) sobre las ilegales operaciones aéreas de la empresa aérea Transporte Aéreo Militar.

“Por fin, después de varios años durante los que su autoridad había sido franca, abierta e impunemente desafiada por los ejecutivos de Transporte Aéreo Militar (TAM), (el ministro de Obras Públicas) ha tenido el acierto de instruir la suspensión de las operaciones comerciales de esa empresa “porque no cumple con los procedimientos para la vigilancia de la seguridad operacional establecidos” dijimos en aquella oportunidad.

Sin embargo, y después de enumerar las muchas razones por las que merecía ser aplaudida la  muestra de firmeza que ese día dio el titular de ese despacho, también recordamos que eran muchas las razones para recibir la noticia con cierto escepticismo. “Dados los antecedentes del caso (...) hay abundantes motivos para dudar sobre la real capacidad del MOPSV para hacer prevalecer su autoridad, pues en al menos ocho ocasiones anteriores los mandos militares ya dieron claras muestras de su determinación de hacer caso omiso de las disposiciones gubernamentales”, afirmamos.

Pese a ello, en la referida nota editorial expresamos nuestra esperanza en la posibilidad de que el trágico caso de la empresa LaMia, que puso a las principales autoridades responsables del sector aeronáutico nacional en el centro de la mira de organismos especializados del exterior, fuera suficiente para obligar a las autoridades gubernamentales a poner un mínimo de orden en los asuntos que están bajo su responsabilidad.

Dos meses han sido suficientes para que, como en otros casos, las esperanzas puestas en una posible rectificación de los errores gubernamentales sean una vez más defraudadas.

El propio ministro del área ha tenido la franqueza de reconocer que ese es el extremo al afirmar, en una entrevista que concedió a este medio, que “la cartera del Estado que preside no puede realizar ninguna observación al sistema de seguridad aérea que emplea el TAM para operar con pasajeros civiles en seis rutas del país”.

El argumento en el que se ampara el TAM, con la aquiescencia del Ministerio de Defensa, es que los vuelos que realiza no son de carácter civil sino militar. Es decir, según ese razonamiento, los pasajeros que contratan los servicios aerocomerciales de esa empresa lo estarían haciendo despojándose, supuestamente por voluntad propia, de los derechos y prerrogativas que en cualquier país que no esté en estado de guerra amparan a la población civil.

Tal extremo, grave de por sí desde cualquier punto de vista, lo es más si se considera que la comisión internacional que tiene a su cargo el esclarecimiento del caso LaMia está en plena labor investigativa y que la falta de rigor con que en Bolivia se aplican las normas internacionales que regulan la actividad aeronáutica es uno de los aspectos centrales de su labor.

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