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EDITORIAL

LaMia y el triste papel de Bolivia

06 Enero 2017El Potosí · Potosí

Qué triste que Bolivia haya sido parte, de la forma menos deseada, de la dolorosa noticia que, más de un mes después, sigue acaparando los principales titulares y espacios de la prensa, tras conmocionar a la opinión pública internacional. Nos referimos a la tragedia aérea en la que perecieron 71 personas, entre ellos casi la totalidad del equipo brasileño Chapecoense, cuando el avión que los transportaba cayó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto que sirve a Medellín (Colombia) porque viajaba sin el combustible necesario y evadiendo elementales protocolos de seguridad aérea.

De pronto, y en medio del inmenso dolor que sacudió al continente, el país apareció en escena, en pleno ojo de la tormenta, y como el origen de una cadena de omisiones, errores e irresponsabilidades que –según todas las hipótesis y el informe preliminar de Colombia– dieron lugar al accidente de la aeronave que transportaba a los desafortunados pasajeros del vuelo 2933 de la aerolínea LaMia.

Demás está recordar, aquí, las circunstancias en que se produjo el fatal accidente. Cabe, sin embargo, anotar algunos elementos de la dinámica interna del país.

Y empecemos señalando que fue la tragedia aérea la razón por la que casi todos los bolivianos se anoticiaron de la existencia de una aerolínea de bandera boliviana, acreditada por la Dirección General de Aeronáutica Civil de este país, con el nombre de LaMia.

¿Cómo, con qué fundamentos y criterios, o por influencia de quién, se le extendió la respectiva licencia de operaciones en Bolivia, más todavía a sabiendas de que esa empresa no consiguió obtener autorización en su respectivo país?

¿Cuánto tiempo lleva operando LaMia? ¿Qué relación tiene, si es que existe, con otras empresas de aviación dentro o fuera del país? Las primeras informaciones señalaron que la empresa se especializaba en transportar equipos de fútbol, pero ¿será posible que una aerolínea pueda existir con una cartera de clientes tan limitada que, además, debe requerir de sus servicios con poca frecuencia?

¿Cómo es posible que las autoridades bolivianas hayan permitido que la aerolínea, que además tenía un solo avión en operaciones, tenga autorización para efectuar vuelos internacionales? Más todavía, a sabiendas de que dicho avión tiene una autonomía de vuelo limitada.

Y por si todo eso resultara poco, el día del fatal siniestro en Colombia esperaban un vuelo autorizado con salida desde el aeropuerto de Cobija, donde la aeronave debía haber realizado una escala técnica de reabastecimiento. ¿Con la complicidad de qué autoridad se permitió que el vuelo siga rumbo a Medellín, desde el aeropuerto cruceño de Viru Viru, sin repostar en Pando?

El papel de las autoridades bolivianas no sólo que resultó totalmente desafortunado sino que, más al contrario, dio lugar a nuevas interrogantes. El primer día, las autoridades de aeronáutica civil aparecen afirmando que la aerolínea reunía todos los requisitos exigidos para operar. Al día siguiente, interviene un ministro de Estado para anunciar que se investigará cualquier irregularidad sobre el tema. Luego, además de ratificar la orden para esas investigaciones, entra en escena el propio Presidente de Bolivia y asegura que no conocía de la existencia de LaMia pero que su Gerente fue, en el pasado, piloto presidencial. Y unas horas después, luego de que cadenas noticiosas internacionales pusieran en duda esa versión, aparece el Ministro de la Presidencia a decir que el Primer Mandatario sí viajó en el avión siniestrado de LaMia. Finalmente, un mes después, el informe preliminar de Colombia señala a AASANA y a Aeronáutica Civil de Bolivia y lamenta, además, la escasa colaboración de AASANA en su investigación. En las últimas horas se conoció que Aeronáutica Civil firmó la autorización de vuelo tres días antes pese a todas las irregularidades.

Sólo cabe esperar que, tras la confusa maraña de interrogantes sobre la existencia de LaMia con licencia boliviana, no estén las dudosas permisiones y consabidos favores políticos que ya son práctica habitual, y casi generalizada, en las instituciones públicas. (R)

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