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Mesa: también deben enjuiciar a Rodríguez y Morales por Quiborax

31 Mayo 2018Agencias • La Paz
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Mesa pide llevar a juicio a Rodríguez y Morales por el caso Quiborax

Mesa pide llevar a juicio a Rodríguez y Morales por el caso Quiborax

DEFENSA

Para Mesa, el proceso que le inició la Procuraduría ante la justicia responde a la “pésima defensa” que hizo en el laudo arbitral ante la Ciadi.

Ayer, el expresidente Carlos Mesa consideró que, de darse curso al juicio en su contra por el caso Quiborax, también debieran ser procesados el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el presidente Evo Morales porque mantuvieron la decisión que tomó de revertir al Estado la concesión otorgada a la firma Quiborax- Non Metallic Minerals S.A., de capitales chilenos, para la explotación de recursos naturales en el salar de Uyuni.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia en un arbitraje interpuesto por la firma de capitales chilenos.

Mesa pidió a través de un memorial enviado a la Fiscalía  el rechazo y archivo de obrados del juicio planteado en su contra por el caso Quiborax y, por el contrario, la instauración de procesos legales por “una pésima defensa” de los intereses del Estado, que ahora está obligado a pagar $us 57 millones a la firma chilena.

Un laudo inicial de 2015 ya salió en contra de los intereses bolivianos y fue apelado sin resultados, ya que fue ratificado en mayo de este año y no solo con el monto inicial definido sino con los intereses respectivos.

El procurador del Estado, Pablo Menacho, anunció el 22 de mayo la presentación ante la Fiscalía de una proposición acusatoria contra Mesa y días después se conoció que ya estaba en manos del Tribunal de Justicia. No obstante, la ley para el juicio a expresidentes y altos cargos establece un plazo de 30 días para formular la acusación o el rechazo.

Cumplido ese plazo y de ser procedente el proceso pasa al TSJ para requerir el enjuiciamiento que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Mesa explica en el memorial, que hizo público en su blog, que presenta el recurso solicitando el rechazo y archivo de obras del juicio planteado por la Procuraduría en el marco, justamente, de esos plazos aún vigentes.

El 23 de junio de 2004, por DS 27589, se ordenó la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de esa firma que operaba en Uyuni para la explotación de ulexita. Rodríguez le sucedió en el cargo y recordó que no restituyó la concesión.

 “No ratifiqué la expulsión. Al contrario, el decreto que emitió mi gobierno rectificó la actuación administrativa que tenía errores jurídicos insalvables y señaló el procedimiento administrativo a seguir conforme al ordenamiento jurídico aplicable y que fue omitido”, dijo.

Para Mesa, el gobierno de Morales tampoco rechazó lo que hizo en 2004 y, por el contrario, inició la defensa del Estado en el Ciadi y una acción penal en contra de accionistas de la empresa Quiborax, “demostrando con esto también, de manera inequívoca, que la empresa era la que dañaba y perjudicaba al Estado y éste la verdadera víctima en este conflicto”.

Sostiene que de darse curso al proceso también deberían ser incluidos Rodríguez y Morales. “(...) ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non Metallic Minerals S.A.-Quiborax del Salar de Uyuni para preservar los intereses de Bolivia frente a acciones expoliadoras de nuestros recursos naturales estratégicos”.

Su abogado Carlos Alarcón presentó el memorial ante la Fiscalía, en el que también se advierte que no hubo una adecuada defensa del caso y se pide un proceso penal contra los responsables. De acuerdo con la norma vigente, es la Procuraduría la encargada de encaminar proceso en los que está involucrado el Estado.

Rodríguez Veltzé se limita a explicar que su Gobierno "no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos dispuestos legalmente en resguardo del principio de legalidad".

Errores

 La defensa de Bolivia expuso en el Ciadi incumplimientos de inversión y aspectos normativos de Quiborax. Mientras que la firma usó los “errores jurídicos” de la gestión de Mesa, dijo ayer el ministro de Minería, César Navarro.

Culpó a la gestión de Mesa por la deuda que contrajo el Estado tras perder el laudo en el Ciadi. “La inversión que desarrolló esta sociedad no llego a $us 500.000, no respetó las características ambientales socio laborales, tributarias e impositivas al Estado boliviano”, expuso Navarro.

Dijo que el origen de esta deuda es una “mala decisión jurídica” de Mesa  que “sin conocer los procedimientos” que la mismas normas bolivianas establecen determinó recuperar estas áreas a favor del estado cometiendo “aberraciones jurídicas”.

Rodríquez Veltzé

El expresidente y agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, explicó ayer que el arbitraje que salió desfavorable para Bolivia por el caso Quirobax fue encarado de forma íntegra en la gestión del actual Gobierno de Evo Morales.

"El proceso de constitución del tribunal arbitral y el arbitraje propiamente dicho comenzó recién en noviembre de 2006, de manera que mi gestión no tuvo participación posterior en el arbitraje", dijo el exmandatario en respuestas que dio a un periódico de circulación nacional.

El Gobierno lo culpa por la deuda que contrajo el Estado.

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